Nuevos centros penales permiten reducir hacinamiento y tráfico de drogas, de armas y otros delitos en prisiones

Tegucigalpa. La entrada en escena de las cárceles de máxima seguridad en Honduras permitió reducir el hacinamiento en el viejo régimen penitenciario del país, además de bajar considerablemente el índice de delitos que se cometían en los centros penales y se ordenaban desde el interior del sistema carcelario.

El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara; La Tolva, en Morocelí, El Paraíso, y el Centro Penitenciario Siria, en El Porvenir, Francisco Morazán, además de rebajar los índices de delitos han permitido resolver considerablemente el problema del hacinamiento en centros carcelarios cuya población superaba su capacidad hasta en 200 % y 300 %.

Asimismo, en la gestión del presidente Juan Orlando Hernández se creó la Fuerza Nacional para el Control de los Centros Penitenciarios (FNCCP), además de adquirir una buena cantidad de vehículos blindados para el traslado de privados de libertad de máxima peligrosidad, motocicletas, escáneres y un sistema biométrico de última generación, todo con el objetivo de ofrecer mayor seguridad a la población.

El subdirector de Gestión Penitenciaria Administrativa del Instituto Nacional Penitenciario (INP), coronel José Mejía Medina, afirmó que en los últimos años se ha logrado asegurar el control en los centros penales, en especial por el trabajo de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina).

Mejía Medina aseguró que “se puede decir que hay gobernabilidad” en las cárceles.

Indicó que el término de ‘universidades del crimen’ que se ha adherido a los centros penitenciarios ha ido quedando relegado, desde el momento en el que las iglesias, la Secretaría de Educación y otras entidades han trabajado de manera ardua en programas de capacitación y reinserción de los privados de libertad.

El presidente Hernández indicó en su momento que “a los criminales se les terminó la fiesta”, luego de que se cerrara el Centro Penal de San Pedro Sula y sus privados de libertad fueran enviados a El Pozo, la primera cárcel de máxima seguridad en el país, construida en Ilama.

Según el mandatario, el sistema carcelario del país fue reestructurado para evitar que los reclusos siguieran cometiendo y ordenando crímenes desde el interior del mismo.

Solo en San Pedro Sula, en su momento, se registraban no menos de 15 homicidios diarios y luego del primer traslado de más de 750 reclusos a El Pozo esa cifra en los siguientes meses bajó a 9, pero el cierre total del Centro Penal permitió, en parte, que la ciudad no siguiera siendo calificada como una de las más peligrosas del mundo. 

Los nuevos centros penitenciarios tienen ya cinco años albergando en su mayor parte a reclusos considerados de alta peligrosidad, razón por la cual los índices de crímenes ocurridos antes de 2016 en el interior de las cárceles en la actualidad se han reducido de manera considerable.

Uno de los puntos de la estrategia de seguridad para la reducción de homicidios implicó que más de 4.500 privados de libertad fueran removidos de los viejos centros penales y trasladados a El Pozo y La Tolva, y al adjunto de máxima seguridad La Jaula, construido contiguo a la Penitenciaría Nacional de Támara (Francisco Morazán).

Allí están recluidos un buen número de cabecillas de las maras y pandillas más peligrosas de Honduras, que operaron a sus anchas en el pasado y que hoy en día afrontan el mayor esquema de restricciones puesto en marcha en el interior de los centros penitenciarios.

Según Mejía Medina, por ejemplo, la cárcel de San Pedro Sula en su momento estuvo bajo el dominio casi total de la población penitenciaria y fue una decisión más que importante la que tomó el presidente Hernández al ordenar el cierre de la misma y el posterior traslado de los privados de libertad a centros de máxima y mediana seguridad.

“Ese fue el primer paso para tener el control del sistema penitenciario”, dijo Mejía Medina.

Aparte de dinero, dijo Hernández, los reclusos perdieron “el libertinaje en el que vivían”, en un tema que resulta paradójico porque supuestamente los reclusos se encontraban privados de libertad, pero siempre realizaban, planificaban y ordenaban una serie de delitos y crímenes.

El titular del Ejecutivo dijo que en las cárceles había cosas que no estaban bien; se les llamaba ‘escuelas’ o ‘universidades del crimen’ porque incorrectamente estaban mezclados los extremadamente peligrosos, perversos y malos con los que entraban por delitos menores y que bien pudieran de alguna manera regenerarse, rehabilitarse o reeducarse.

Siempre se supo que desde las cárceles se ordenaban asesinatos, extorsiones, secuestros y todo tipo de acciones criminales, pero nunca se quiso hacer nada contundente al respecto, hasta que entraron en escena los nuevos centros penitenciarios de máxima seguridad.

Según Mejía Medina, la construcción de cárceles de mediana y máxima seguridad fue una decisión acertada del presidente Hernández para trasladar a las mismas a los cabecillas de las pandillas y los grupos criminales, y eso ha permitido que los privados de libertad por delitos menores no sean amedrentados y amenazados por los líderes de esos grupos del crimen.

También consideró importante el trabajo mancomunado de diferentes sectores, incluso algunos prestadores de servicios y entidades del Gobierno, buscando reducir los índices de homicidios o delitos que se ordenaban desde el interior de los centros penitenciarios.

Además, tanto El Pozo como La Tolva y la cárcel de El Porvenir fueron diseñadas y construidas para reducir el hacinamiento que presentaba el sistema penitenciario conformado por 25 cárceles, las que en su mayoría eran obsoletas e inseguras y tenían un alto grado de hacinamiento.

Una muestra de ese problema de hacinamiento se evidenciaba en el Centro Penitenciario Nacional de Támara y en el Centro Penal de San Pedro Sula, donde la capacidad de albergue se sobrepasaba en más del 200 %.

Sin embargo, en la Administración Hernández con las aperturas de El Pozo, La Tolva y la cárcel de El Porvenir se logró el traslado de los líderes de maras y pandillas, así como del crimen organizado, a módulos de máxima y mediana seguridad.

Consideró Mejía Medina que el esfuerzo del Gobierno ha sido importante en la construcción de nueva infraestructura, pero de igual manera la población criminal ha cometido una diversidad de delitos que tienen en gran parte como pena máxima la cárcel.

Entonces, el hacinamiento podría haber bajado, pero mientras la criminalidad siga activa y sea remitida a procesos judiciales y los delincuentes sean condenados a pagar penas de reclusión, ese porcentaje se notará que tuvo un leve movimiento a la baja.

A mediados de 2020, la población carcelaria de Honduras era de más de 21.600 privados de libertad y se consideraba que el hacinamiento estaba por arriba del 50 % en todo el sistema.

Para Mejía Medina, los ajustes que se puedan realizar para la rebaja de penas o condenas a cierto sector de la población carcelaria, en un trabajo mancomunado entre Poder Judicial y el Legislativo, también podría ser importante para que ese hacinamiento que tiene el sistema penitenciario baje de manera más ilustrativa, así como los planes de construcción y ampliación de las cárceles que se tienen previstos para este año.