Roatán, Islas de la Bahía. Siguiendo las instrucciones precisas de la presidenta Xiomara Castro, el Instituto de la Propiedad (IP), envió una comisión a Roatán, Islas de la Bahía para recabar elementos sobre el desalojo de pobladores de la comunidad de Punta Gorda.

La comisión fue dirigida por el abogado O´neill Toledo, Director General de Regularización Predial e integrada por el abogado Crecensio Muñoz, Director de Registro Inmueble y un grupo de colaboradores de la Dirección General del Catastro Nacional, la Dirección General de Cartografía y Geografía y la Unidad de Comunicaciones.

Los representantes del IP mantuvieron reunión con la licenciada Natalie Roque, Ministra de la Secretaría de Derechos Humanos y el doctor Hugo Soler, Gobernador Departamental de las Islas de la Bahía.

La delegación fue solicitada por el licenciado José Carlos Cardona, Presidente del Consejo Directivo del IP y el abogado Darío García, Secretario Ejecutivo del IP con el propósito de recabar elementos que puedan surgir para la elaboración de un informe. 

Se realizaron labores técnicas y legales, así como mapeo de la zona con el uso de drones a fin de realizar una investigación completa en relación a la tenencia de la tierra “es por eso que surgió la necesidad técnica de venir y mapear la zona para tener certeza”, expresó Toledo.

“Hemos tenido la oportunidad de desplazarnos al lugar, estar en contacto con la comunidad, hemos tenido acceso al expediente judicial y se han desarrollado las investigaciones por la parte técnica, catastral y georeferencia, así como en el registro del inmueble.

Toledo indicó que el trabajo está en etapa preliminar de la investigación para elevar un informe al Consejo Directivo del IP para que tome en cuenta las conclusiones y recomendaciones que surjan de dicha investigación. “El trabajo no es fácil, pero existe la voluntad, no solo de una institución sino la voluntad de un gobierno por traer una solución definitiva a la isla”, indicó Toledo.

El Gobierno de la presidenta Xiomara Castro está garantizando el respeto y  los derechos de las etnias como patrimonio de la humanidad y bajo esa premisa ha instruido al IP para que realice las investigaciones del caso para dar una respuesta a los pobladores de Punta Gorda.

Esta acción que ha tomado el Instituto de la Propiedad es una manera de demostrar que las instituciones de Gobierno interactúan en búsqueda de un interés común, de respeto a los derechos de los territorios ancestrales.